Resulta “inadmisible”, indica el documento, “pretender obviar las reformas que el país requiere con el dislate de una supuesta ‘guerra económica’. El ejercicio de la Presidencia de la República, máxima responsabilidad ejecutiva en la conducción de los asuntos públicos, no puede ser ajeno a esta angustia”.
El gobierno acaba de entregar a la Securities Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, un informe sobre el desempeño de la economía en 2016, puntualiza el texto. “En él se recoge una caída del 16,5% con respecto al año anterior (2015), el tercer año consecutivo de contracción según cifras oficiales. La mayoría de los analistas estiman una reducción adicional del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 10 y el 12% para el cierre de 2017, lo que implicaría una contracción del ingreso promedio por habitante del 37% con respecto a 2012, último año en que este indicador experimentó crecimiento”.
Asimismo, “la formación bruta de capital fijo cayó en un 38,4% en 2016 y en un 63% con respecto a 2012. Tan bajos niveles de inversión amenazan descapitalizar el aparato productivo doméstico al no poder reponer adecuadamente la depreciación de activos”, adiciona la Academia.
El informe mencionado también registra “una brecha entre los ingresos y gastos del sector público consolidado de más del 17% del PIB para 2016 y un déficit promedio del 14% durante los cuatro primeros años de su gobierno. A esto ha contribuido el incremento de la deuda externa, la pérdida de ingresos fiscales de origen petrolero por las distorsiones en el régimen cambiario y la expansión imprudente del gasto público. Esas brechas se han podido cerrar sólo mediante la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). Según el Instituto Emisor, tal financiamiento –a las empresas públicas no financieras– se multiplicó por 30 durante estos primeros cuatro años de su gobierno, aumentando en 14 veces la Liquidez Monetaria”.
Lamentablemente, apunta la comunicación, esta perniciosa práctica se aceleró durante 2017. “El BCV informa haber multiplicado el financiamiento referido más de 22 veces a lo largo del año. En total, esta emisión de dinero sin respaldo se ha incrementado 667 veces desde que Ud. asumió el cargo de Presidente, mientras que la liquidez monetaria se ha multiplicado por 162 durante ese período. Es imperativo poner coto a esta emisión inflacionaria si se quiere estabilizar los precios de los bienes y servicios en el mercado doméstico y defender el poder adquisitivo de los venezolanos”.
En el planteamiento de los académicos se resalta que entre los “controles más nefastos están los instrumentados sobre el mercado de divisas y sobre los precios, con graves consecuencias para las actividades productivas y comerciales, y sobre el bienestar de la población”.
Sostienen que “contra toda lógica económica, en Venezuela se ha mantenido desde su implantación en febrero de 2003 el control de cambios, con resultados totalmente contrarios a lo que deberían ser sus fines, incluso cuando el país experimentó la mayor bonanza petrolera que recuerda su historia. Entre 2003 y 2016 salieron por las cuentas Financieras y de Capital y de Errores y Omisiones de la balanza de pagos, 155,4 millardos de dólares, más de ocho veces lo egresado en los cuarenta años entre 1959 y 1998”.
Propuestas
Los académicos sugieren correctivos que “reduzcan de inmediato la inflación y alivien la asfixia del sector externo que tiene postrada a la economía. En función de ello, la negociación de un financiamiento externo con organismos internacionales es imperativo. El financiamiento multilateral ofrece términos ventajosos de plazo y tasas de interés, y posibilita, además, una reestructuración provechosa de la deuda. Tal financiamiento permitirá unificar el tipo de cambio para que refleje la verdadera capacidad adquisitiva del bolívar en divisas, con lo cual se abarataría significativamente la mayoría de los bienes que hoy se importan. Asimismo, proveería recursos con los cuales emprender el saneamiento de las cuentas públicas, crucial para abatir la inflación y compensar a los sectores que pudiesen verse afectados adversamente por la sinceración de algunos precios”.
Estos recursos, acompañados del levantamiento de los controles y de las leyes punitivas, propiciarán la recuperación rápida del aparato productivo, que hoy trabaja a sólo una tercera parte de su capacidad, apuntan en la Carta Pública.
Al importarse insumos y equipos a una tasa de cambio competitiva podrá aumentarse rápidamente la oferta doméstica, reducirse la dependencia de lo importado y generar empleo productivo, cada vez mejor remunerado en la medida en que se profundicen las condiciones favorables a la reactivación económica.
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