Cabe destacar que en dicha operación castrense, cayeron nueve personas y otras cinco fueron heridas, debido al uso desproporcionado de la fuerza. “En el operativo, los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia”, reseña una nota de prensa de la organización.
Respecto a esto, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que no se puede alargar la investigación por parte de las autoridades civiles respecto a este hecho, donde insistió en el “uso intencionalmente letal de la fuerza”, con la intención de que el Gobierno nacional demuestre “que este no fue un caso de ejecución extrajudicial”.
Por su parte, AI aseguró que han recibido denuncias por parte de los familiares de los insurrectos abatidos, ya que argumentan que sus cuerpos “serán cremados sin autorización y sin las diligencias de la investigación” pertinentes al caso.
La organización señaló que, conforme al derecho internacional, “no es permisible en las operaciones de mantenimiento del orden público recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza de una manera que probablemente matará a todas las personas que no representan una amenaza seria”, por lo que instó a las autoridades competentes a tomar precauciones, de manera que se eviten más muertes.
“El Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales incluyendo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, aseveró finalmente AI.
Fuente
Jesús A. Herrera S.
