Bogotá.– Las elecciones presidenciales de Colombia son ante todo una contienda entre dos rivales ideológicos, lo que refleja la profunda división política que hay en la sociedad.
Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y quien ha construido una amplia coalición que reúne a gran parte de la izquierda política, lidera las encuestas preelectorales sobre Federico “Fico” Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que cuenta con el apoyo de los votantes de derecha y de gran parte de la clase política tradicional.
Petro, quien actualmente lleva una considerable ventaja sobre todos sus contrincantes, promete centrarse en la justicia social y transformar lo que, según él, es un modelo económico que genera desigualdad.
Es el primer candidato de izquierda desde la década de 1940 con posibilidades reales de ganar el poder.
Gutiérrez se presenta a sí mismo como representante de la más tecnocrática centroderecha. Hace campaña con la promesa de “orden y seguridad” y ha reunido el apoyo de partidos políticos como el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, al igual que de los partidos Liberal y Conservador, que monopolizaron el poder durante la mayor parte de la historia de Colombia tras la independencia.
Gutiérrez, de manera crucial, también puede atraer los votos de aquellos que pueden no considerarlo su primera opción, pero se oponen o le temen a una presidencia de Petro.
Otro candidato, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, un populista que está haciendo campaña con una plataforma en contra de la corrupción, podría competir con Gutiérrez por un segundo lugar.
Colombia celebrará una primera ronda de votaciones el domingo 29 de mayo, seguida de una segunda el 19 de junio si ningún candidato supera el umbral de 50 %.
A comienzos de mayo, Petro obtenía entre 35 y el 38 % de intención de voto en las encuestas, mientras Gutiérrez se situaba entre 20 y 24 %, lo que apunta a una probable segunda vuelta.
Una segunda vuelta provocaría una intensa negociación política por parte de los dos candidatos restantes para conseguir el respaldo de las campañas eliminadas, ninguna de las cuales ha manifestado aún sus preferencias de coalición.
¿Qué está en juego para Colombia en estas elecciones?
Las elecciones llegan en un momento de enorme agitación y tensión en Colombia, luego de cuatro años protagonizados por largos confinamientos por la pandemia, crisis económicas, masivas protestas urbanas y una aceleración del conflicto violento en las zonas rurales.
Un paro nacional en 2021 dejó al descubierto una persistente y profunda frustración por la desigualdad y la falta de movilidad social.
Las protestas que comenzaron en abril de ese año se extendieron rápidamente por todo el país, bloqueando un gran número de carreteras principales y muchas vías urbanas, en especial en la ciudad de Cali.
Los disturbios se fueron desvaneciendo, más por agotamiento que porque haya habido una respuesta por parte del gobierno.
Pero la indignación popular por las desigualdades sociales y políticas de Colombia sigue viva; de hecho, su temperatura ha aumentado en 2022.
Mientras tanto, las campañas de los dos principales candidatos hacen uso frecuente del paro de 2021 en sus narrativas políticas: la izquierda busca el apoyo de quienes se sienten afectados por la falta de oportunidades, y la derecha presenta a Petro (a quien muchos manifestantes respaldan) como el presagio del caos.
Al mismo tiempo, los grupos armados y criminales han estado erosionando los logros en materia de seguridad conseguidos tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 2021 fue el año más violento en el país desde la firma del acuerdo, con una tasa creciente de asesinatos, al igual que desplazamientos forzados, confinamiento y reclutamiento.
Los despliegues del ejército colombiano en las zonas más afectadas no han logrado detener esta ola de inseguridad.
El 5 de mayo, un “paro armado” de cuatro días impuesto por el grupo criminal posparamilitar el Clan del Golfo en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su líder Dairo Antonio Úsuga, u “Otoniel”, paralizó partes de doce de los 32 departamentos de Colombia, incluidas las ciudades intermedias de Sincelejo y Montería, dejando al descubierto el frágil control del Estado en estas regiones.
Por Elizabeth Dickinson / Inter Press Service – IPS Venezuela / El Universal
