Fuentes cercanas al caso aseguraron a Efe que los nueve oficiales detenidos el pasado 2 de marzo están siendo vinculados con un “plan de desestabilización” por lo que les fueron imputados los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y actuar contra el decoro militar.
La abogada Lilia Camejo, defensora de seis de estos nueve señalados, dijo a Efe que a los militares los detuvieron cuando estaban en sus puestos de trabajo y dos de ellos fueron “bastante maltratados”, según pudo corroborar ella misma el día de la audiencia de presentación pues tenían “laceraciones en las manos”.
Explicó que el grupo de detenidos lo conforman seis tenientes coroneles, un teniente y dos sargentos, todos del Ejército, y fueron apresados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Por su parte, el jurista Alonso Medina Roa, también defensor de los militares, explicó que el día jueves allanaron la residencia de los tenientes coroneles Iver Marín Chaparro, jefe del principal batallón de la capital, y Erik Peña, director de administración del Hospital Militar.
“Marín Chaparro fue el primero de su promoción en 1999, de la cual todos (los nueve detenidos) son egresados, y fue secretario privado del presidente Hugo Chávez (1999-2013)” al principio de su Administración, indicó Medina Roa.
El abogado señaló además que Peña se desempeñó antes como director de secretaría de los servicios de inteligencia nacional, cuyo exjefe y fundador, Miguel Rodríguez Torres, fue detenido hace tres días y acusado por el Ejecutivo de planear “actos armados”.
“La imputación o la petición de mantenerlos privados de libertad se mantiene única y exclusivamente con informes de Contrainteligencia” según los cuales los señalados “estaban participando en reuniones con carácter conspirativo”, apuntó el letrado.
El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Édgar Zambrano, envió comunicaciones al fiscal militar y al ministro de la cartera, Vladimir Padrino, solicitando informar sobre la situación jurídica y de salud de los detenidos.
El diputado dijo a Efe que este mes han registrado al menos una decena de aprehensiones de oficiales y cree que se deben a que el Gobierno está temeroso por los reclamos de la población en medio de la severa crisis económica y social “de la que no escapa el mundo militar ni sus familiares”.
“Lo que ha venido sucediendo en los cuarteles es el reclamo de los mandos medios bajos a la superioridad, y la superioridad se hace eco de estos reclamos y los lleva a los jefes de los componentes y al propio Ejecutivo y esto lo ve el Gobierno como un reto y como una posible alteración de la paz en el país a través de un alzamiento militar”, aseveró.
Zambrano aseguró que el Ejecutivo tiene ahora más que nunca un control sobre la FANB y “ha politizado los componentes militares, pues tiene allí en los mandos, en los escenarios de poder de fuego, a militares de su extrema y absoluta confianza”.
Entretanto, el ministro de Defensa negó el jueves la posibilidad de un golpe de Estado en el país aunque dijo que siempre hay “intentos” de “marionetas” que estarían conspirando y “tratando de calentar” a la Fuerza Armada.
Camejo dijo que en total unos 90 militares han sido detenidos desde 2014 y posteriormente acusados por delitos como traición a la patria y rebelión.
La letrada recordó que otros ocho primeros tenientes del Ejército también fueron detenidos este año y vinculados con el fallecido Óscar Pérez, un exagente que se rebeló contra el Gobierno y llamó a los militares a desconocer la “dictadura” de Maduro.
Fuente
Con información de la EFE
