Nuestra Constitución, que yo sepa, no habla de la posibilidad de diferir ninguna de las elecciones de los poderes públicos, más allá de la fecha de su necesaria renovación por finalización de su mandato.
Mucho menos, en el caso de los poderes nacionales. Sin pretender discutir con los genios usuales, conocidos por todos, de la constitucionalidad venezolana, no existe para los depositarios de estos poderes la llamada continuidad administrativa, que sí existe en cambio para los funcionarios públicos no electos dependientes de los mismos.
Es conocido por todos, que cuando el Presidente es electo y toma posesión de su cargo, los ministros del Gabinete siguen en sus cargos hasta que se efectúe la nueva designación que corresponda. No es por lo tanto constitucional diferir, más allá del 5 de enero, las elecciones de la Asamblea Nacional (AN).
Con esto no quiero decir que el diferimiento de las elecciones de Presidente de la República o de la AN no se pueda hacer en ningún caso. Los absolutos sólo están en el campo de la física y son muy poco numerosos. Por supuesto que se podría, en determinadas condiciones de carácter extraordinario, diferir cualquiera de ellas hasta que cesare el impedimento de realizarlas.
Entramos en guerra, sufrimos una calamidad natural terrible, que impidan hacer las elecciones, éstas tendrían que ser pospuestas pues sería materialmente imposible realizarlas.
Dicho más claramente, al no estar en nuestras manos su realización no se podrían hacer y tendríamos obligatoriamente que realizarlas más adelante, cuando ya estemos en condiciones de hacerlo.
Pero éste no es el caso de las elecciones de diciembre para la escogencia de los diputados a la AN.
Aunque algunos insistan en presentar a la pandemia por covid-19, como una condición que impide en términos absolutos la realización de estas elecciones, esto no es así, por lo menos hasta ahora, como se puede deducir de la presencia actual, masiva y evidente, de gente en las calles de pueblos y ciudades, en actividades de trabajo, en procura de servicios e incluso en protestas ciudadanas antigubernamentales.
Luego, estaríamos entonces sólo ante la posibilidad de una decisión política de posponer las elecciones, por un gran acuerdo nacional al respecto, que pasaría por encima de la inexistencia de una norma constitucional que permitiera dicho diferimiento.
Hemos dicho desde hace tiempo, que la salida a la crisis política, económica y social venezolana, no es de carácter legal ni constitucional. Hemos demostrado como desde hace muchos años el país se ha puesto al margen de las leyes y de la Constitución. Y esto no sólo es válido para el gobierno sino en igual medida también para la oposición que hace vida en la inexistente AN.
Y estas afirmaciones no son una justificación de lo sucedido, sino la confirmación de una situación de hecho más que evidente. Y si de una salida política se trata, perfectamente puede darse la posposición de las elecciones, si para todos los actores involucrados esa salida es conveniente. Todos tienen que ganar algo de dicha postergación para que la misma se dé.
Y es aquí donde aparecen los problemas aparentemente irresolubles. El extremismo opositor dirigido por EEUU (Voluntad Popular, Vente Venezuela e individuos como Borges y Ledezma) no acepta el diferimiento electoral si Maduro continúa en la Presidencia de la República. Para ellos, Maduro debe irse y luego se hablaría de elecciones.
El gobierno nada gana con esta posición y la nación venezolana tampoco. Las sanciones económicas continuarían, al igual que el sufrimiento de la población. Realmente el gobierno perdería mucho, pues al postergar daría pie a la tesis de la continuidad administrativa ante el vacío de poder, que han enarbolado los líderes extremistas.
Y en caso de que decidiera aceptarlo, con seguridad recurriría a prorrogar la duración de la Asamblea Nacional Constituyente, para cubrir dicho vacío, lo cual no sería bien visto por muchos sectores opositores y constituiría un reroceso.
Plantearse la prórroga de las elecciones no tiene ningún sentido. La propuesta de la Unión Europea estaba destinada a fracasar, como en efecto ocurrió.
El gobierno debería entonces asumir unos acuerdos de mucho mayor vuelo con la oposición dispuesta a participar, pero no parece tampoco muy dispuesto a ello.
Por el contrario, ha acrecentado el ventajismo al hacer campaña por los candidatos del PSUV desde actos oficiales y a través de los medios de comunicación del Estado (peculado de uso). Pone al servicio de la campaña electoral pesuveca unidades de transporte de PDVSA y otros organismos (peculado de uso).
Les entrega alimentos y gas (apropiación indebida) para que hagan una distribución en las comunidades que visiten, en una forma que claramente tipifica el delito de asociación para delinquir. La Contraloría General de la República no actúa convirtiéndose en cómplice.
La conducta de la oposición democrática es muy difícil. Deben hacer oposición y denunciar el ventajismo oficial, así como los delitos cometidos en todo el proceso, sin poner en peligro la participación de la gente en los comicios.
Deben enfrentar, además, la miserable, cochina y calumniosa campaña del extremismo opositor, que desconoce el derecho de los venezolanos a decidir soberanamente su conducta electoral y que opinan que ésta debe ser dictada desde el imperio.
Para estos demócratas de nuevo cuño, todo aquél que participe como candidato es un bandido inmoral comprado por el gobierno y quienes voten unos seres abominables sin dignidad ninguna. Sin duda que desbordan amplitud en forma muy amplia, como osa en llamarse uno de los parapetos organizativos que han creado para sus acciones sectarias y agresivas.
Habrá que seguir enfrentando al gobierno abusador, que si reparte mortadela y gas y está en campaña propagandística permanente debe ser por alguna razón. Como que no las tienen todas consigo en este proceso. Ojalá la gente común, esa que sufre pero que actúa sobre la base de realidades y no de prejuicios viscerales, decida castigar con su voto al gobierno y a quienes los desprecian.
