La campaña que venía adelantando el gobierno acerca de que Venezuela se estaba arreglando se evaporó.
La creciente inflación, las diarias devaluaciones del bolívar, el deterioro de los servicios públicos, la escasez de energía, el hambre y la pobreza, en curso, entre otros factores, acabaron con las expectativas, anunciadas por Maduro, acerca de que el 2023 sería el año del crecimiento económico.
De tal manera, que las aseveraciones que hiciéramos el pasado diciembre, acerca de que no esperábamos cambios para el presente año, continúan vigentes, pues estamos frente a un gobierno que no promueve lo que anuncia en materia económica.
Maduro continúa anclado en la misma política económica. Sus medidas se concentran sobre la corriente monetaria, es decir, persiste en frenar el crédito bancario, manteniendo el encaje legal en 73%; continúa colocando todas las semanas divisas en efectivo en el mercado cambiario; y sigue haciendo malabarismos para restringir el gasto público, verbigracia, la bonificación del salario.
Medidas chucutas y no sostenibles en el tiempo, para combatir la inflación y la depresión económica.
Sabido es que la reactivación del aparato productivo sólo se dará si se implementa un plan de estabilización macroeconómico que contemple, además, medidas para estimular la inversión privada y pública, único camino para elevar la producción, el empleo y los ingresos, que a su vez estabilicen los precios y eleven el consumo de la población.
Es verdad que las sanciones y el default que confronta Venezuela frenan la inversión extranjera, pero el gobierno puede adelantar un conjunto de medidas que están bajo su dominio, que muy bien pudieran dinamizar la corriente real de la economía.
Entre estas políticas resaltan la racionalización del sistema impositivo a fin de terminar con la voracidad fiscal que está frenando la actividad económica.
Asimismo, es necesario reducir los trámites y las perisologías, a los fines de ahorrar tiempo y costos en la apertura de nuevas empresas. Es oportuno, también, acelerar el proceso de reprivatizacion de las empresas expropiadas, que están dando pérdidas, para generar crecimiento económico y reducir gastos públicos.
Tenemos que disminuir el encaje legal para aumentar el crédito bancario. Es conveniente establecer la caja de conversión a fin de respaldar la emisión de los bolívares con depósito de divisas fuertes, en el BCV, para evitar la circulación de dinero inorgánico.
Hay que resolver la carencia de energía (electricidad, gas y gasolina) que confrontamos, pues si arranca la economía se apagarían las ciudades. Tenemos que darle autonomía al BCV, fortalecer las contralorías públicas y reducir el tamaño de los poderes públicos.
Y, evidentemente, hay que anunciar con fuerza la disposición de garantizar seguridad jurídica y la recuperación del capital invertido a los empresarios.
Pero, como lo hemos afirmado, este gobierno no está ganado para discutir y armar un verdadero plan para la reactivación económica, por lo que la oposición, si quiere acabar con su discurso gaseoso, debe montar su narrativa sobre este tema, porque el costo de vida y la debilidad de los salarios constituyen el centro de las preocupaciones de la mayoría de los venezolanos.
Máximo Blanco / Economista y analista político.
