San Juan de los Morros.- Bastante polémica tuvo el anuncio de la Providencia Administrativa 109 lanzada por el gobernador del estado Guárico José Vásquez y fechada en Gaceta regional el pasado 22 de diciembre de 2017, en donde se establecía que los productores debían vender el 15% de las reses y otros rubros que aspiraran sacar del estado.
A raíz de esta decisión jurídica han ocurrido varios incidentes en los cuales han sido retenidas las cargas y retrasada la circulación. En otros casos ha habido conciliación y algunos productores deciden vender al estado el porcentaje estimado por un monto fijado por el sector oficial.
El pasado 25 de febrero ocurrió la retención de dos vehículos y sus conductores que transportaban 30 reses y en ese momento se desplazaban por el punto de control Los Flores, en el municipio Roscio, vía Ortiz.
Dicho procedimiento no fue hecho por la Guardia Nacional Bolivariana, sino por funcionarios Policiales apoyados por personal de Fundamercado, ente adscrito a la gobernación del estado Guárico, quienes exigían al propietario de esta carga un porcentaje basándose en la mencionada gaceta.
El propietario de las reses se negó a esta solicitud, apoyándose en la Gaceta Oficial N° 41325, del 22 de enero, en la que la jefatura de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, presidida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ordenaba detener la aplicación de los decretos regionales que obligan a los productores agropecuarios a vender una parte de sus productos a organismos de la gobernación.
Ante esta confrontación legal, y con la presencia de representantes de Fundamercado se instruyó un expediente y fue puesto a la orden del Ministerio Público de la circunscripción judicial de Guárico, en dicho texto se aseguraba que había irregularidades en los documentos de los conductores.
El Tubazo Digital logró acceso al expediente del MP 69912-2018, en este se describe el procedimiento y se establece que al ser revisado por la representación Fiscal, la misma evidenció, a través de diligencias posteriores que el ganado era de licita procedencia, los vehículos no presentan registros policiales ni sus conductores antecedentes penales.
Ante este acto debidamente evaluado se descartó cualquier hecho ilícito penal que estuviese previsto como delito en el ordenamiento jurídico. Este análisis obligó a entregar los vehículos y las reses a su propietario.
Este precedente jurídico desde la visión de abogados consultados, envía un mensaje a los productores para que de alguna forma “no permitan someterse a esta providencia administrativa en virtud de que no se adapta a términos legales los cuales pudieran provocar un decomiso de las reses u otros productos”.
Estos consideran que “al ser puestos a la orden del Ministerio Público serán entregados de inmediato. Por considerar que este tipo de actuaciones no revisten ningún carácter penal”.
Así mismo se supo que el día de la retención, el ganado fue llevado en calidad de depósito a una finca conocida como La Claretiana, en la cual su propietario prestó el lugar para que el ganado pastara mientras se resolvía el litigio. Los camiones llevados a la sede de la policía del estado. Todo fue devuelto a su propietario.
Orlando Medina Bencomo
