La decisión fue anunciada en un comunicado emitido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reseñó Efe.
Esos gobiernos remarcaron que “no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó los comicios celebrados este domingo en su país, por lo que se mantendrá en la jefatura del Estado durante el período 2019-2025.
Maduro obtuvo 6.157.185 votos, con una participación de 9,2 millones de electores de los más de 20 millones que estaban convocados, lo que significa una de las participaciones más bajas de la historia venezolana.
Los países integrantes del #GrupoDeLima no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en #Venezuela y acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con esa nación. #ComunicadoGrupoDeLima ✍ https://t.co/9pYzFnS3ru pic.twitter.com/MYOKfxIHHy
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 21, 2018
El comunicado anunció que los países del Grupo “llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar” su protesta.
Reiteró, además, “su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela”.
Los países señalaron que esta situación “se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos” y anunciaron que ha decidido “presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela”.
También informaron que, con el objetivo de “contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional”, solicitarán que cada país emita y actualice circulares o boletines nacionales “que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional”.
Además, decidieron coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, “por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria”.
El Grupo remarcó, finalmente, que “continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país”.
Fuente
Con información de la EFE
